Centro comercial cerrado producto de la crisis en EEUU |
Vicenç Navarro, El Plural
He indicado en artículos anteriores que el incremento de las desigualdades ha
sido una de las principales causas de las crisis financiera y económica
actuales. Las políticas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos Thatcher
y Reagan primero, y extendidas más tarde a otros países, causaron una gran
concentración de las rentas derivadas de la propiedad del capital a costa de un
descenso muy marcado de las rentas del trabajo. Esto último determinó una
disminución de la demanda y del crecimiento económico, con lo cual disminuyó el
porcentaje de personas trabajando, a la vez que creció el desempleo. No es
casualidad que los países más desiguales en Europa, como España y Grecia, estén
también entre los que están en una situación económica peor.
De esta
explicación de las causas de las crisis debería derivarse que la reducción de
las desigualdades tendría que estar en el centro de las políticas económicas y sociales
de los gobiernos de los países en crisis. Y una de las medidas más eficaces
para reducir las desigualdades es llevar a cabo políticas de pleno empleo. No
es tampoco casualidad que los países europeos con menos desigualdades (como los
países escandinavos) tengan también menos desempleo, un mayor porcentaje de
población empleada y que estén entre los que tienen un mayor crecimiento
económico. La explicación de ello es que el pleno empleo aumenta las rentas del
trabajo, disminuyendo proporcionalmente las rentas del capital, con lo cual
disminuyen las desigualdades. Y puesto que el crecimiento de las rentas del
trabajo estimula más la demanda y el crecimiento económico que el crecimiento
de las rentas del capital, las políticas orientadas a incrementar las primeras
ayudan al país a salir de la recesión, ese agujero que está dañando enormemente
la calidad de vida de las clases populares.
La causa de que la creación de empleo origine
este círculo virtuoso se debe a que el pleno empleo empodera al mundo del
trabajo, permitiendo que aumente su seguridad y su nivel de exigencias. A menor
desempleo, mayor es el nivel salarial. En EEUU, por ejemplo, una disminución de
la tasa de desempleo de un 1% se traduce en un incremento de los salarios de
los trabajadores de menor renta de un 12,4%.
Cómo conseguir
el pleno empleo
Una de las medidas más eficaces para alcanzar el pleno empleo son
las inversiones públicas en infraestructura social y física del país. Así, si
en España, en lugar de tener a una persona adulta de cada diez trabajando en
los servicios públicos del Estado del Bienestar (como educación, sanidad,
escuelas de infancia, servicios asistenciales y otros) tuviéramos una de cada
cuatro (como ocurre en Suecia), se crearían seis millones de puestos de
trabajo, con lo cual se eliminaría el. Otra área en la que hay una gran
necesidad es en la inversión en temas de mantenimiento y ahorro de energía,
como en los sistemas de distribución eléctrica y en intervenciones encaminadas
a la descontaminación. Todo ello crearía empleo, a la vez que se ahorrarían
recursos. La administración Obama creó en el año 2009, con su estímulo de
gasto, de 2 a 3 millones de puestos de trabajo en algunos de esos servicios,
que mejoraron la situación económica del país (aunque el estímulo no fue
suficiente, pues se necesitaban de 10 a 12 millones).
Otra medida es la subida de los salarios, siendo esta una de las mejores
medidas para hacer crecer la demanda y estimular la producción de empleo. Para
que ello ocurra es necesario que no haya desempleo, pues de haberlo, los
trabajadores no se atreverán a ser exigentes y perderán capacidad de
influencia. Igualmente eficaz para estimular el pleno empleo y con ello la demanda,
es la reducción del tiempo de trabajo por trabajador. Esta es una de las causas
del bajo desempleo en Alemania, el compartir las horas de trabajo. Así, si los
nuevos puestos de trabajo (que resultarían de tener a uno de cada cuatro
españoles trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar)
tuvieran jornadas de ocho horas en cuatro días en lugar de cinco, el número de
estos nuevos puestos de trabajo sería de 9 en lugar de 6 millones.
También se ha propuesto como una medida incentivadora del crecimiento de la
demanda la reducción de impuestos, la medida preferida por los políticos
conservadores y liberales, como el actual gobierno Rajoy, cuya eficacia depende
primordialmente del tipo de impuestos que se reduzcan y a qué grupo social dicha
reducción afecte. Cuando las rebajas de impuestos afectan primordialmente a las
rentas superiores y a las rentas del capital, tal como ha ocurrido en las
rebajas de impuestos del gobierno español, tal medida no es una medida muy
efectiva, pues, por regla general, los grupos sociales que se benefician con
esas reducciones de impuestos son los grupos más pudientes, los cuales dedican
el dinero extra que consiguen menos al consumo de lo que lo harían otros
sectores de la población, menos afectados por dichas reducciones de impuestos.
La garantía de
crédito
La capacidad de endeudarse en términos razonables juega también un
papel determinante en el estímulo de la demanda. El comportamiento especulativo
de la banca es uno de los mayores obstáculos para la garantía del crédito,
función que tradicionalmente había realizado la banca pero que, como
consecuencia de su desregulación, ha dejado de hacer, habiendo perdido su razón
social de ser. De ahí la importancia de establecer instituciones públicas que
garanticen el crédito, gravando a la vez las actividades especulativas del
sector financiero. Así pues, la continuidad del actual sistema financiero, cuyo
objetivo principal es incrementar sus rentas a base de especulación, no sirve
al propósito de facilitar el crédito, la demanda y la producción de empleo. Las
políticas del gobierno Rajoy (y del gobierno anterior) en cuanto a mantener el
sistema financiero actual son un obstáculo para alcanzar políticas de pleno
empleo.
Estas medidas, detalladas en este artículo, jugarían un papel importante en la
disminución de las desigualdades y en la recuperación económica, pero ninguna
de ellas está siendo considerada por el gobierno español (excepto la reducción
de impuestos).
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