Pero por otro lado, ante el fracaso del modelo
económico, social y político, la válvula
de escape ha sido la economía
informal, la migración y el narcotráfico. Es doloroso reconocerlo, pero
ésa es la realidad. A estas calamidades cabe agregar que aún prevalecen la
corrupción, la impunidad y el influyentismo. Todavía se hacen jugosos negocios
privados al amparo del poder público y
una prueba de que sigue imperando la impunidad, testimonio de ello es que ninguno de los involucrados en actos de
corrupción en los últimos veinte años ha sido juzgados y sometido a la
justicia.
A los
delincuentes de cuello blanco se les protege con leyes ambiguas formuladas
para esquivar la justicia y burlarse de la sociedad. Otro mal que aqueja a
la nación es el “influyentismo”:
senadores, diputados y otros servidores públicos hacen gestiones y trámites y litigan sin
escrúpulos en contra del interés general. Para
algunos, los cargos de representación
popular son meras franquicias para el tráfico de influencias. El
conflicto de intereses y el tráfico de influencias ni siquiera están
tipificados como delito en nuestros códigos penales. Tal es la realidad que debemos transformar. Es
imprescindible que la sociedad dominicana transite por el camino de la
legalidad y la equidad social.
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